Por Juan José Mena Carrizales

1. En cuanto regulación interna, todo Estado soberano condena cualquier forma de intervención en asuntos internos por parte de entidades extranjeras, ya sea en asuntos criminales (delincuencia organizada) o políticos (grupos beligerantes).

2. En cuanto a terceros Estados (entendiendo ese concepto de “comunidad internacional”, distinto al Estado vulnerado y al Estado “financiador”), si el grupo es catalogado como de tipo “criminal”, pasa por el “filtro” de los acuerdos internacionales de cooperación de combate al crimen. En cuanto, al caso de un grupo beligerante, “debería” de imperar el principio de la Doctrina Estrada de neutralidad y libre autodeterminación de los pueblos. Éso no impide que los “terceros” Estados participen como mediadores o incluso, como árbitros, teniendo el Derecho Público Internacional, instrumentos para ello, entendiendo que dicha mediación o arbitraje, sería sólo entre Estados. Recientemente, el Derecho Público Internacional, ha dotado de personalidad a individuos y grupos, pero bajo el esquema de la protección internacional de los Derechos Humanos, y en ésto, México ha jugado tradicionalmente un papel importante como mediador interncional, hasta antes de la llegada del PAN al poder.
3. En la “real politics”, hay que recordar que determinados Estados se autoproclaman infundamente con la potestad de aplicar medidas represivas contra otros Estados que se presume colaboran o protegen grupos criminales o “terroristas”, confundiendo estos términos. En este caso, los aspectos de contrainteligencia sobre cuáles grupos son amenazas reales y cuáles son producto de propaganda de operaciones de guerra de baja intensidad, debe ser un aspecto ineludible de la discusión. Hay que recordar que estos Estados han buscado permanente imponer sus criterios por encima del marco del derecho público internacional, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es el caso de las recientes discusiones de Reino Unido, y sus gobiernos patiños como el de Obama, sobre la situación de Siria, donde se usa el tema de derechos humanos o “invasión humanitaria”, como pretexto para llevar a la realidad planes imperialistas, que por supuesto, son contrarios al Derecho Público Internacional.

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