Por Benjamin Castro

Tanto EL FMI como la OCDE, y no se diga los organismos empresariales nacionales; están exigiendo al futuro gobierno de Enrique Peña Nieto la aplicación de un programa de “shock” en la economía y las finanzas.

Todos ellos señalan que para mantener la “disciplina financiera”, que se ha mantenido en los últimos 18 años, es indispensable avanzar con todas las llamadas “reformas estructurales”, y además aplicar otros medidas que le permitan al país torear la crisis internacional reduciendo al máximo su nivel de vida y de consumo. Están pidiendo, por ejemplo; reducir el subsidio a la gasolina, o imponer nuevos impuestos estatales o, de plano concesionar todos los niveles de la industria petrolera del país.  Estas fuerzas ya lograron imponer, utilizando a Felipe Calderón, su  reforma laboral con solo un 20% de limitaciones. Todo lo demás se les concedió y ahora México podar ofrecer a “los inversionistas”, mano de obra mas barata que en China y además facilidades fiscales extremas.

Si Peña Nieto prosigue cumpliendo con las demás exigencias y con otras que estos organismos puedan ir proponiendo, su gobierno enfrentara, sin duda, una explosión social; más  o menos como las que en este momento podemos observar en países como Grecia o España.  Si bien la reforma laboral no  omitió golpear a las cúpulas sindicales y por lo tanto los grande sindicatos del país no se movilizaran en su contra; si Peña Nieto se va por el camino del aumento drástico del precio de la gasolina, con todo lo que este implicaría para e alza general de precios; y si se decide a generalizar el IVA o imponer impuestos estatales;  el daño será directo y en contra de toda la población y no solo de los sindicatos.

Los jóvenes serán, por supuesto, los primeros en salir a la calle, pero no serán los únicos. El gobierno de Peña Nieto tendrá que recurrir a la fuerza, con todos los riegos que esto implica, y resignarse a ser un gobierno “sentado sobre las bayonetas”, o de plano intentar un malabarismo, un “bonapartismo”.  (Continuará).

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