La Unión de Juristas de México aseveró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá intervenir en caso de que el Senado también aprueba el dictamen de reforma laboral avalado en la víspera por la Cámara de Diputados.

Eduardo Miranda Esquivel, vocero de la agrupación, subrayó que la instancia protectora de los derechos fundamentales de las personas está obligada a realizar un estudio sobre la constitucionalidad y la procedencia de los cambios a la Ley Federal del Trabajo.

Planteó que el organismo defensor tiene la responsabilidad de intervenir de oficio en el estudio, debate y dictamen sobre la constitucionalidad y procedencia de la referida reforma.

El vocero de la Unión de Juristas de México argumentó que en la iniciativa enviada a la cámara alta persisten violaciones al orden constitucional mexicano, a tratados internacionales suscritos por México en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Desde la perspectiva del también ex procurador general de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, de aprobarse de manera definitiva en el Senado de la República la reforma laboral flexible “se cancelará de facto el Artículo 123 constitucional”.

Sostuvo que el dictamen aprobado por los diputados impacta además en la estabilidad laboral y la seguridad social, facilita el despido de trabajadores, reduce los gastos patronales en los juicios y garantiza la permanencia del “charrismo” sindical.

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