Por Juan José Mena Carrizales.

Conforme a diversas notas periodísticas, se afirma que Felipe Calderón ha firmado el decreto que Reforma la Ley Federal del Trabajo, el 29 de noviembre de 2012. Como es usual, es probable que sea publicada al día siguiente de firmada y entre en vigor el 1 de diciembre de 2012, coincidiendo con la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo al art.22 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos (LA), para el caso de una Ley autoplicativa, el término para presentar el juicio de amparo, es de 30 días.

“ARTICULO 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

I.- Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.”

En el caso de un caso concreto de la aplicación, sin embargo, el término en el que se puede interponer es hasta de 15 días, después del acto concreto de aplicación.

“ARTICULO 21.- El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.”

Cabe señalar que la vía del juicio de Amparo contra Leyes,  se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (el ciudadano), teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pudiendo ser interpuesto a de manera individual, o por un sindicato, o una asociación de trabajadores o simplemente un grupo de ciudadanos.

Otra vía que se ha planteado para combatir la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, es la acción de inconstitucionalidad por ser violatoria de Derechos Humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas convenciones internacionales. Por este medio, para el caso concreto, los actores legitimados podrían ser el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, el 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores, el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Art. 105, Fracc II de la CPEUM).  Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma.