Por Benjamin Castro

Lo que ahora estamos viendo en el sureste de México, en los estados de Chiapas y Tabasco es el inicio de la crisis de la deuda de estados y municipios y de las empresas privadas que constituyen su base de proveedores. En el caso de Chiapas y Tabasco, no se trata solamente de dos entidades que tienen una deuda muy grande, como ya la tienen casi todos los estados del país. En este momento ningún estado de la república tiene una deuda que podamos considerar pequeña o “manejable”. Todas las entidades diseñan en este momento programas de austeridad para enfrentar su situación, asesoradas siempre por los propios banqueros acreedores. Esto ocurre en Nuevo León, en el Distrito Federal o en estados como Veracruz o Baja California. Sin embargo, en el caso de Tabasco y Chiapas la situación ya sobrepasó esa etapa. Esas dos entidades se encuentran en la fase en donde ya el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para seguir funcionando puesto que no puede cubrir ni siquiera su nómina de empleados. El caso de Chiapas es dramático en este sentido, pues el gobierno de Manuel Velasco, –recien iniciado el 8 de diciembre, tuvo que emitir cheques sin fondos para una buena parte de los 98 mil trabajadores y empleados con que cuenta su nómina. Eso fue el día 15 de diciembre, a pesar de que ya los funcionarios públicos llebavan al menos dos quincenas sin recibir pago. El aguinaldo parecía imposible de recibirse. Velasco se reunió con Enrique Peña Nieto días después para poder anunciar, el 19 de diciembre, que los cheques podrían ser cobrados, después de recibir un “apoyo” de 700 millones de pesos por parte de Peña Nieto, para sortear la situación. El miercoles 19 de diciembre un grupo de 69 alcaldes de diferentes ciudades de Chiapas, acudieron al Congreso estatal para declararse en quiebra por no contar con fondos suficientes para pagar su nómina ni para el funcionamiento normal. En el caso del municipio de San Cristobal de las Casas, una población convertida en centro turístico de gran importancia spbre todo despues del levantamiento zapatista en 1994, declaró que en su caso, el municipio ni siquiera tenía recursos para pagar la gasolina de los vehículos con que cuenta. (Continuará)