Por: José Olguín.

Ciudad de México, 27 de enero – Tras un intenso debate en la SCJN y después de siete años de prisión la francesa Florence Cassez fue liberada este miércoles gracias a un amparo concedido por la mayoría de ministros de la Primera Sala, el cual le permitió la libertad inmediata a la francesa, al considerar que las violaciones al debido proceso y a sus derechos constitucionales tales como la presunción de inocencia, el derecho a puesta sin demora ante el Ministerio Publico y el derecho a la asistencia consular oportuna son de tal gravedad que han generado un efecto corruptor en las instancias de procuración, impartición y administración de la justicia.
Cabe destacar que la discusión entre los cinco ministros no se centró en determinar la culpabilidad o inocencia de la francesa, pues ante los errores y violaciones en el proceso, éstos se encontraron impedidos de hacerlo, por lo cual a pesar de haber quedado en libertad no fue exonerada por el delito de secuestro.

Al inicio el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero no buscaba el amparo ‘liso y llano’, es decir la liberación inmediata de Cassez, sino sólo un amparo para ‘efectos’, con el fin de desechar la mayoría de las pruebas en su contra al considerarlas viciadas regresando el caso a un Tribunal Unitario para que volviese a analizarlo y dictar una nueva sentencia, contando con las únicas pruebas restantes con valor probatorio como lo son las tres declaraciones de las personas que identificaron a Florence Cassez como su secuestradora, ya que se realizaron antes y después del montaje de su captura, esta última figura de amparo era jurídicamente la más correcta pues se volverían a valorar las declaraciones de las víctimas y en tres meses aproximadamente emitir una nueva sentencia para determinar definitivamente la culpabilidad o inocencia de la francesa, mientras tanto el Poder Judicial habría cumplido con su función de impartir una verdadera justicia, y no una justicia a medias.

Es curioso señalar que el voto decisivo en la Corte para otorgar el amparo corrió a cargo del nuevo ministro Alfredo Gutiérrez Mena con menos de dos meses en el cargo e inexperto en materia penal, pues sólo hasta hace poco tiempo se desempeñaba como presidente del SAT.

Hoy la libertad de Florence Cassez y su regreso a Francia es un hecho, ella se va, pero para quienes nos quedamos en México nos deja con una enorme incertidumbre y con la eterna duda de saber si nuestras autoridades liberaron a una víctima más de las 100 mil existentes en prisión sin un debido proceso o se liberó a la que fue una fría secuestradora como lo afirman sus tres víctimas.
De acuerdo a una encuesta telefónica publicada por el Diario Reforma se indica que el 83% de las personas encuestadas no están conformes con la decisión tomada por la Corte y el 73% piensa que la francesa era culpable de los delitos por los que fue procesado.
Este no es el único caso, son muchas las personas a quienes no se les respetó su derecho a un debido proceso penal y viven actualmente en las cárceles; más aún cuando el 99% de los delitos cometidos en México quedan impunes de acuerdo a la CNDH y con un 42% de la personas legalmente inocentes en prisión por falta de sentencia, por lo cual al Poder Judicial le espera miles de solicitudes de revisión por casos similares a este.

La corrupción que permea al sistema de justicia en nuestro país ha quedado sobradamente demostrada, igualmente las autoridades e instituciones han sido exhibidas nacional e internacionalmente como incapaces de garantizar un debido proceso apegado a la Constitución y protegiendo los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Sin embargo nuestras autoridades aún tienen la oportunidad de demostrar con hechos que en el país no habrá impunidad y castigar a los verdaderos culpables que tienen nombre y apellido, siendo los principales Genaro García Luna como titular en ese momento de la Agencia Federal de Investigación y Luis Cárdenas Palomino ex director general de Investigación Policial considerado como la cabeza del montaje televisivo realizado el 9 de diciembre del 2005 y aceptado de manera oficial por Televisa en voz del conductor de noticieros Televisa, Carlos Loret de Mola.

Para Enrique Peña Nieto queda la gran oportunidad de demostrar la inexistencia de algún pacto para garantizar impunidad a su antecesor, pues los funcionarios antes mencionados independientemente de su responsabilidad también contaron con la complicidad por parte de Felipe Calderón quién en ese momento se ostentaba como Presidente de la República y sin escuchar razones prefirió no cumplir los Tratados Internacionales, tensando con ello las relaciones diplomáticas con un país amigo como lo es Francia, cabe de destacar que no es una campaña de desprestigio contra el Partido Acción Nacional como lo menciono su Presidente Gustavo Madero, sino simplemente una realidad a todas luces exhibida, pues Calderón no solo solapó estas violaciones de Derechos Humanos sino hasta premio a estos funcionarios, condecorando a Cárdenas Palomino en 2010 como el ‘policía del año’ y a García Luna con tres premios INNOVA por parte del gobierno mexicano en reconocimiento a las prácticas ‘exitosas’ de innovación en la Administración Pública Federal.

Motivo por el cual debemos exigir como sociedad se abra una investigación a fondo sobre los responsables y se sometan al juicio político respectivo para asegurarnos que ningún funcionario, ninguna institución pública o privada está por encima de la ley, de no hacerlo los mexicanos quedaremos en un completo estado de indefensión y viviremos un sexenio más ante la ausencia de un verdadero Estado de Derecho.
Twitter: @joseolguin_